Comentario Manifiesto fundacional del Partido Socialista Obrero Español

[Análisis]

El texto es una fuente primaria, histórica-circunstancial, de carácter público y contenido político-social. Se trata del manifiesto fundacional del PSOE, dado  a conocer en julio de 1879. Su autor es colectivo, ya que se trata de los miembros fundadores del PSOE (médicos, obreros, tipógrafos), entre los que destaca Pablo Iglesias, líder y fundador del PSOE y la UGT (en 1888) y también primer diputado socialista que fue diputado en el congreso en 1910. Es un documento público cuyo destinatario es el proletariado, con la intención de analizar la sociedad de clases y dotar al partido de un programa político que les permitiera conseguir su objetivo principal: la emancipación de la clase trabajadora y la abolición de las clases sociales.

El texto recoge algunos de los principios del marxismo, base ideológica del PSOE. La idea principal, la cual se convierte en objetivo a perseguir, es la aspiración de la clase trabajadora a su emancipación y, con ello, la desaparición de las clases sociales. Comienza haciendo un análisis de la sociedad de clases, la cual consideran injusta debido a la existencia de una clase dominante o poseedora de los medios de producción, la burguesía, y una clase dominada económicamente por aquella, la clase trabajadora, lo cual es fuente de “esclavitud en todas sus formas”. Argumenta que esta desigualdad, además, viene respaldad por el hecho de que la burguesía monopoliza el poder político. Todo ello justifica dos aspiraciones por parte del proletariado: en primer lugar, la toma del poder –lucha de clases- como vía para conseguir su emancipación y, en segundo lugar, la transformación de la propiedad privada –“individual o corporativa”-, en propiedad colectiva, con el fin de conseguir una sociedad igualitaria en la cual no existan clases sociales.

[Desarrollo y explicación del problema histórico así como su contexto]

A pesar de la débil y localizada industrialización española del s. XIX, las duras condiciones de trabajo, las desigualdades sociales y la ausencia de legislación laboral generaron el surgimiento de un incipiente movimiento obrero que tendrá sus primeras manifestaciones en el 1/3 del s. XIX con la aparición de los conflictos luditas y agrarios, la recepción de las ideas del socialismo utópico y las primeras asociaciones de trabajadores de socorro mutuo (como la Asociación de Protección mutua de Trabajadores de Algodón creada en 1840). Pero el movimiento obrero, organizado y con conciencia de clase, surgirá a finales del reinado de Isabel II y especialmente a partir Sexenio Democrático cuando se reactive el movimiento obrero gracias al marco de libertad establecido con la Constitución de 1869. En 1870, se creó en Barcelona la Federación Regional Española de la AIT con una fuerte influencia anarquista que construyo federaciones. La división entre socialistas y anarquistas (gracias a la acción de un representante de este movimiento, Giuseppe Fanelli) opuestas a la participación política. En 1871, llego a Madrid Paul Lafargue, yerno de Marx, con el fin de impulsar la organización de grupos obreros de orientación marxista. La federación madrileña, marxista, fue expulsada en 1872, formando la Nueva Federación Madrileña, germen del PSOE. De este modo se reproduce en España el enfrentamiento ideológico dentro del movimiento obrero entre las posiciones anarquistas (huelga general como arma fundamental del proletariado, apoliticismo, desaparición del Estado, acción directa, etc.) y las marxistas (toma del poder político, dictadura del proletariado, Estado fuerte dirigido por la clase obrera, etc.).

Durante la Republica (1873-4), se extendió y radicalizó el movimiento obrero, pero la ilegalización de las asociaciones obreras con la Restauración Borbónica en el marco de la Constitución de 1876, supuso una fuerte represión de estas y su refugio en la clandestinidad. Es en este contexto, cuando el ferrolano Pablo Iglesias que, en 1870 había ingresado en la sección de tipógrafos de la AIT de Madrid, se convierte en miembro de su Comité Federal. Tras unos contactos previos, el 20 de julio de 1879, en Madrid 40 personas obreros tipógrafos en su mayoría y algunos intelectuales, encabezados por Pablo Iglesias firman el manifiesto fundacional del PSOE. Utilizan un semanario en 1886, El Socialista, para difundir sus propuestas. El recién creado partido, al igual que otros partidos socialistas europeos (SPD alemán fundado en 1875), se define como marxista y revolucionario. El punto de partida es la injusticia que genera la sociedad capitalista. A los privilegios de la burguesía oponen la situación de la clase trabajadora a la que consideran sin derechos y sin poder político que se ocupara de sus necesidades. Con la necesidad de diferenciarse del discurso y estrategia anarquista (ambos coinciden en la emancipación del proletariado y el igualitarismo) hacia el cual se inclinaban la mayor parte de los trabajadores, entendían que la emancipación de los trabajadores pasaba por la creación de un partido obrero capaz de hacerse con el poder político y, a partir de ahí, construir un Estado fuerte (dictadura del proletariado, según definió Marx en la I Internacional) que se apropiara de todos los medios de producción (desaparición de la propiedad privada) y diera paso a una nueva sociedad sin diferencias de clase (comunismo).

Para alcanzar esta democracia obrera que diera un paso al comunismo era necesario sensibilizar al trabajador para la lucha tomando conciencia de sus posibilidades. Esta lucha estaría apoyada por el sindicato marxista UGT (Unión General de Trabajadores), creado en 1888 en Barcelona por 42 delegados, entre ellos Pablo Iglesias. El sindicato acabaría aproximándose al PSOE (todo afiliado a la IGT debía estarlo al PSOE y viceversa), llegando a coincidir los líderes de ambas organizaciones, de forma que el partido llevaría la iniciativa política del socialismo y el sindicato la defensa de los intereses laborarles de los trabajadores. Entre las reivindicaciones políticas de los socialistas aparecen cuestiones como la defensa del derecho de asociación, la libertad de prensa, voto universal, abolición de la propiedad privada, etc. Y laborales, como la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas o la prohibición del trabajo infantil.

Los primeros núcleos socialistas importantes surgieron en Madrid, Asturias, Vizcaya y Málaga. En otras zonas industriales, como Cataluña o Levante, así como entre los campesinos de la mitad sur de la Península, el dominio fue siempre anarquista (organizados desde 1881 en la Federación de los trabajadores de la Región Española)

A pesar de definirse como revolucionarios, siempre mantuvieron posiciones bastante prudentes y moderadas que les permitieron llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas como los republicanos. A comienzos del siglo XX, los socialistas conseguirían obtener sus primeros cargos como concejales y en 1910, su primer escaño en el Congreso (el de Pablo Iglesias, gracias a la llamada Conjunción Republicano-Socialista), alcanzando lentamente una mayor presencia pública y un incremento de afiliados. Sera durante la Segunda Republica y la Guerra Civil cuando el partido alcance un notable protagonismo.

En resumen, este manifiesto representa el nacimiento del primer partido obrero de carácter marxista en España, una corriente ideológica que tendrá una presencia cada vez mayor en la vida política y social coincidiendo con el notable avance del proceso industrializador durante la Restauración y la difusión de las organizaciones obreras en Europa a través de la Internacional. En la defensa del proletariado competirá con el anarquismo, a veces de manera muy dura, puesto que ambas corrientes entendieron la lucha obrera de manera muy diferente.

Definiciones

Burguesía: Históricamente, los burgueses son los habitantes de las ciudades, dedicados a actividades mercantiles o industriales, pero desde Marx se identifica con la clase social poseedora de los medios de producción que utiliza al proletariado como un elemento mercantil (mano de obra asalariada) para conseguir una ganancia gracias a su trabajo (plusvalía) con la que acumula capital. Desde la Revolución Francesa se convierte en la clase dominante, identificada con el liberalismo.

Proletariado: Término acuñado por el marxismo para referirse a la clase social más baja que en el capitalismo no es dueña de los medios de producción, por lo que solo puede ofrecer su fuerza de trabajo, que es explotada por la burguesía, dueña de esos medios de producción. Su condición de clase explotada le obliga a enfrentarse con la burguesía para alcanzar su emancipación en un conflicto inevitable denominado lucha de clases. Está formado por obreros y campesinos.

Poder Político: En un sentido muy amplio, se entiendo por poder político aquel que organiza y dirige una sociedad, estableciendo las normas y haciéndolas cumplir. En la división clásica del poder legislativo, ejecutivo y judicial, el poder político se referiría mas a los dos primeros (hacer leyes y gobernar). El origen de ese poder se ha entendido de diferentes maneras (divino, hereditario, democrático, etc.) a lo largo de la Historia.

La Guerra de Cuba, 1895-1898

Tras la independencia de la mayoría de las colonias americanas en el primer cuarto del siglo XIX (Ayacucho, 1824), España solo conservo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En estos territorios se mantuvo la administración colonial en base a una lucrativa agricultura de exportación (azúcar, tabaco etc.) para la metrópoli sin aceptar las crecientes reivindicaciones de sus habitantes, en especial de los grupos criollos. Las duras leyes arancelarias impuestas por Madrid que impedían a la isla comercias libremente con otras áreas, y de la que se beneficiaba solo una reducida oligarquía esclavista, perjudicaban, empero, a la mayoría de la población cubana.

En estas condiciones, el conflicto (“Guerra Larga”, 1868-78) estallo en Cuba durante el Sexenio Revolucionario y fue sofocada por Cánovas en 1878 (Paz de Zanjón). Había sido un primer aviso serio de las aspiraciones independentistas cubanas. Los habitantes de la isla esperaban que el nuevo gobierno les concediese una representación política similar a la de los españoles, un mayor grado de autogobierno, unas reformas económicas que aumentaran su libertad de comercio y la abolición de la esclavitud. La oposición de los grandes propietarios, los negreros y los comerciantes peninsulares impidió la concesión de ninguna de estas peticiones. Por este motivo, los cubanos fueron inclinándose cada vez más hacia posiciones independentistas. El líder que aglutino sus fuerzas fue José Martí, quien nunca había aceptado los acuerdos de la paz de Zanjón.

La subida de los Aranceles cubanos ocasiono la protesta de Estados Unidos, principal cliente de la isla. La negativa de España a rebajar ese arancel provoco una respuesta amenazante de los norteamericanos, que hacía temer su apoyo a la insurrección. Finalmente, la guerra estallo de nuevo en febrero 1895 (“Grito de Baire”), extendiéndose de forma generalizada por toda la isla. Los líderes, Martí y Máximo Gómez, lanzaron el Manifiesto de Monte Christi, verdadero programa del movimiento independentista. Una dura y cruel guerra volvió a provocar que decenas de miles de soldados de extracción humilde, reclutados por el sistema de quintas, fueran embarcados. La respuesta del gobierno español fue de tipo militar, con una dura represión (la “reconcentración de Weyler”) que no logro acabar con los sublevados. Las dificultades de aprovisionamiento, el mal entrenamiento de los soldados y las enfermedades hicieron mella en el ejército español, incapaz de alcanzar la victoria. Ante este panorama, se intento una estrategia de conciliación, ofreciendo una amplia autonomía política y económica a la isla, que los rebeldes, apoyados ahora por Estados Unidos, no aceptaron.

Los norteamericanos, interesados comercialmente en la isla y deseosos de agrandar su influencia en el Caribe y Centroamérica (su “back courtyard”), termino con la declaración de guerra del presidente McKinley a España tras el incidente del Maine, un acorazado norteamericano que estallo en el puerto de La Habana accidentalmente, hecho que estados Unidos utilizo como falso motivo (después de una furibunda campaña periodística en contra de España). La enorme diferencia en potencial militar ocasiono la rápida derrota de España, que hubo de firmar la Paz de Paris en diciembre de 1898, por la que se comprometía a abandonar Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a ser protectorado norteamericano.

La perdida de las ultimas colonias en 1898 supuso una enorme crisis política (no tanto económica) y moral para el país, que causo un gran impacto psicológico en los españoles, un sentimiento de fracaso y desencanto ante la evidencia de que España había perdido lo poco que le quedaba de su otrora gran imperio y de su paso a la condición de potencia de segunda categoría.

Este desastre del 98 impulso un movimiento, conocido como Regeneracionismo, muy crítico con la realidad española, que planteaba la necesidad de profundas reformas para lograr la modernización económica, el avance de la educación y la ciencia, la mejora del campo, etc. El más conocido representante político del Regeneracionismo fue Joaquín Costa que denuncio al caciquismo como uno de los males del país y pedía, bajo el lema “escuela y despensa”, reformas económicas y sociales. El Desastre propicio el desgaste progresivo de los partidos dinásticos o del turno (conservadores y liberales) y alentó el crecimiento de los nacionalismos cada vez menos identificados con la idea de España, así como el movimiento obrero y del republicanismo y propicio la formación de la Generación del 98 (Unamuno, Baroja, Azorín…), un grupo de pensadores y literatos pesimistas respecto a nuestra historia y partidarios de una gran regeneración moral del país.

La gran crisis del 1898 acabo con el sistema de la Restauración que había diseñado Cánovas y obligo a los futuros gobiernos a seguir una política de reformas que no fue lo suficientemente profunda para cambiar las cosas y resolver los cada vez más complicados problemas del país.

La evolución demográfica de España, 1800-1930

La población española experimento un lento crecimiento a lo largo del siglo XIX, apoyando en el aumento de la producción agraria, que permitió alimentar más personas, y en la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias. El resultado fue un incremento que casi duplico el total de la población, pasando según el censo de Godoy de 1797 de 10,5 millones a comienzos del siglo a casi 20 según el censo de 1900 primeros años del siguiente.

Sin embargo, este crecimiento fue menor que el de otros países europeos debido a que aun estaba muy condicionado por una serie de características propias de un régimen demográfico antiguo:

-       Una natalidad elevada (30-35%) debido al predominio de una economía y sociedad rural y a la inexistencia de sistemas eficaces para controlar nacimientos.

-       Una mortalidad general también muy alta (+-30%o), especialmente la infantil, debido a una dieta escasa y desequilibrada que generaba episodios de mortalidad catastrófica ligada a crisis de subsistencia (hambrunas como las de 1856-1857, 1868, 1882 y 1887) y a enfermedades infecciosas. Su incidencia además se veía favorecida por el atraso de la medicina y la falta de higiene privada y pública. Las epidemias de peste, tuberculosis, fiebre amarilla y especialmente el cólera, con mortíferas oleadas (1833-1835, 1853, 1859, 1865 y 1885) fueron muy frecuentes. Como tercer episodio catastrófico que diezmo la población y genero vacios demográficos encontramos las frecuentes guerras de este periodo: de Independencia, coloniales, carlistas etc. La esperanza de vida en 1900 de tan solo 35 años (Francia, Gran Bretaña y otros países europeos llegaban entonces a los 45) debido a la elevada mortalidad infantil y materna.

-       Como consecuencia, el crecimiento natural de la población era muy lento (0,5/0,432%o anual) y presentaba oscilaciones bruscas.

A medida que estas condiciones negativas fueron mejorando, coincidiendo con las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la población experimento un crecimiento más rápido lo cual coincidirá con el cambio de un régimen demográfico antiguo a otro de transición.

La distribución de la población continua la tendencia de los siglos anteriores: un despoblamiento del centro (excepto Madrid)  y un aumento de la población en  la periferia, tanto atlántica como mediterránea, más desarrollada económicamente.

Los movimientos migratorios interiores, del campo a la ciudad, lo que se conoce como éxodo rural, tampoco fueron intensos debido al lento proceso de industrializador y a la escasa modernización agraria, que impedía aumentar los rendimientos y, así, alimentar a mas población urbana. Se trato de una migración en cascada. Fueron las capitales de provincia y los centros industriales catalanes y del Norte, los que más crecieron a costa de provincias básicamente agrarias como Guadalajara, Almería, Teruel, Soria). Este fenómeno migratorio se intensificó durante la Restauración y durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se activa el crecimiento económico y la industrialización. En conjunto, el país pasó  de un 10% de población urbana a un 30% que residía en núcleos de más de 20.000 habitantes a principios del siglo XX. Madrid por ser el centro político de España y Barcelona, principal foco industrial, fueron las ciudades que más aumentaron su población, al igual que Bilbao o Valencia. Poco a poco, las ciudades se vieron obligadas a emprender reformas urbanas, especialmente a partir del 3/3 del siglo XIX, para absorber su crecimiento y modernizarse: derribo de murallas, apertura de grandes vías, ensanches, estaciones de ferrocarril, alcantarillados, alumbrado, etc. España siguió siendo un país marcadamente rural, pero la vida urbana influyo cada vez más en la mentalidad colectiva y se convirtió en el modelo a seguir.

Las razones económicas, como la falta de empleo, la presión demográfica y la escasa formación obligaron a una parte de la población a salir fuera de España. Esta emigración exterior procedió en su mayor parte de las regiones atlánticas (Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias) donde existía un exceso de población rural y un inadecuado tamaño de las explotaciones agrarias (minifundismo). El perfil era varón, joven, soltero, de baja cualificación y dedicado a la agricultura. El destino fue a ultramar, principalmente a América Latina y secundariamente a Estados Unidos, Canadá, Australia y Norte de África. Fue permanente y asistida favorecida por la limitación de obstáculos a la emigración en 1853 y la demanda de inmigrantes de estos países para explotar sus recursos económicos y construir grandes infraestructuras. Aunque de menor importancia cuantitativa, también hubo una emigración de carácter político (exilio de grupos en diferentes etapas como afrancesados, liberarles, carlistas, republicana…) El momento de máxima emigración llego en los primeros años del siglo XX, cuando más de un millón de personas probaron suerte al otro lado del Atlántico.

Principales medidas económicas del bienio progresista, 1854-1856.

El Bienio Progresista, entre los años 1854 y 1856, fue el momento en el que los progresistas, por medio de un pronunciamiento militar (la “vicalvarada”) secundado incluso por algunos moderados (O’donnell), vuelven al poder tras diez años de gobierno.

En este breve periodo de tiempo llevaron a cabo una importante labor legislativa de tipo económico dirigida a liberalizar la economía e impulsar su modernización, así como a solucionar los graves problemas financieros del Estado derivados de la deuda pública.

En primer lugar, se decreto una nueva desamortización, conocida como Ley General de Desamortización, obra de Pascual Madoz. Esta segunda desamortización (la anterior la realizo Mendizábal en 1836) afecto principalmente a los bienes de los ayuntamientos, llamados propios y comunes, y del Estado, y en menor medida a bienes de la Iglesia. El objetivo fue sanear la Hacienda, reduciendo la deuda pública, y recaudar fondos para desarrollar la red ferroviaria. Fomento la acumulación de la propiedad en manos de los grandes inversores y terratenientes y supuso un importante revés para los campesinos más pobres, que perdieron los bienes comunales de los que dependía una parte de su subsistencia. Aumento la producción, pero no modifico la estructura de la propiedad.

El lento desarrollo ferrocarril, que era un elemento clave para el avance económico del país, se intento agilizar el tendido ferroviario por medio de la Ley General de Ferrocarriles (1855). Se fijaron unas condiciones muy favorables para atraer inversiones: exenciones fiscales, avales del Estado para garantizar las inversiones, importación de material sin pagar aranceles, etc. El resultado fue un aumento espectacular en los años siguientes de los kilómetros de ferrocarril (se paso de 200 a 5000), pero, por el contrario, no sirvió para el desarrollo de la industria nacional, especialmente la siderurgia, porque casi todo el material se importo. Los inversores, tanto españoles como extranjeros, ganaron importantes sumas especulando en bolsa con las acciones de las compañías ferroviarias, muchas de las cuales entraron rápidamente en quiebra cuando la explotación de las líneas no dio los rendimientos esperados. Además se crea una red radial que no consolida un mercado nacional uniendo los centros productores con centros de consumo.

Las grandes inversiones requeridas, tanto para el ferrocarril como para la industrialización, precisaban de un sistema bancario que aportara créditos para financiarlas y de empresas por acciones (sociedades anónimas) capaces de acometer grandes proyectos empresariales. Con el fin de crear un marco adecuado para el desarrollo del sector financiero, las Cortes del Bienio aprobaron una Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias que permitió la creación de un marco financiero moderno. Surgieron bancos industriales, comerciales, de emisión de moneda (creación del Banco de España, antigua Banco de San Fernando) y sociedades bancarias y crediticias de todo tipo, muchas de ellas con capital extranjero, especialmente francés.

La legislación se completo con otras leyes que liberalizaron el sector de la minería, fomentaron el tendido de líneas de telégrafo, la construcción de carreteras o la reforestación.

La década moderada del reinado de Isabel II (1844-1854)

Isabel II reino desde 1833 hasta 1868. A lo largo de estos años, de gran complejidad política, tuvo lugar una profunda transformación de la sociedad española gracias al asentamiento del liberalismo como sistema político y económico.

El comienzo de su reinado estuvo marcado por el conflicto sucesorio y la 1ª Guerra Carlista. Esto supuso que la regente Mª Cristina se apoyase en los liberales, los cuales se dividían en dos tendencias: progresistas y moderados. Entre 1833 y 1843 se sucedieron gobiernos moderados como los de Martínez de la Rosa que promovió el Estatuto Real en 1834 y progresistas como los de Mendizábal que impulsaron la desamortización eclesiástica y la Constitución de 1837. Esta recogía los principios básicos del liberalismo progresista (soberanía nacional, extensa declaración de derechos, división de poderes, libertad de cultos, etc.) pero también con concesiones a los moderados (bicameralismo, amplios poderes de la corona, financiación del culto católico, etc.).

El fracaso de la Regencia de Espartero en 1843 provoco el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II y la preferencia de esta desde un primer momento por  los moderados, dejando fuera del juego político al partido progresista –en función de las prerrogativas que la Constitución de 1837 otorgaba a la Corona en la formación de gobiernos-. Se abría un largo periodo de predominio moderado, de diez años, denominada la “Década moderada” durante el cual se consolido el modelo liberal. Los progresistas optaron o por el retraimiento, negándose a participar en unas consultas electorales claramente amañadas, o por la preparación de pronunciamientos apoyados por insurrecciones populares.

El general Narváez como presidente de la algunos de los más importantes gobiernos de esta etapa (especialmente el llamado “Gobierno largo” entre 1847-1851) y aglutinante de todos los sectores del  moderantismo fue el protagonista indiscutible en estos años que se van a caracterizar por hacer prevalecer la estabilidad y el orden por encima de la libertad y las garantías constitucionales.

El ideario político moderado, basado en el liberalismo doctrinario, quedó plasmado en una nueva constitución, la de 1845, la cual estuvo vigente hasta 1869. En ella se reconocía la soberanía compartida entre las Corona y las Cortes. Deseando hacer compatible autoridad y libertad, daba preeminencia a la Corona en el proceso político, no solo como poder ejecutivo sino también en el poder legislativo. Así, en las  Cortes, que eran bicamerales, el Senado era designación real y tenia funciones judiciales. El Congreso era elegido por sufragio censitario muy restrictivo que limitaba a solo el 1% de la población la posibilidad de votar; el carácter confesional del Estado, que se comprometía además a mantener el culto y al clero. En esta constitución se establecía una organización administrativa centralizada, en la que ayuntamientos y diputaciones eran controlados por el gobierno, que nombraba a los alcaldes. Aunque se reconocían formalmente derechos individuales, estos quedaron luego muy limitados por las leyes posteriores que los desarrollaron, especialmente la libertad de expresión. Además suprimía la Milicia Nacional.

Los moderados introdujeron cambios sustanciales en la administración, completando y desarrollando la legislación constitucional. Las principales medidas tomadas fueron:

·        Reorganización y centralización administrativa con la Ley de Ayuntamientos (1845) que dejaba al gobierno la capacidad de elección de gobernadores para las diputaciones y alcaldes para los municipios; uniformización de los planes de estudio con la Ley Pidal (1845) y la regulación de la función pública con la Ley de Funcionarios (1852).

·        Uniformidad jurídica, con la publicación de un Código penal (1848) y el Código Civil (1851), que abolirían todos los fueros, leyes y usos anteriores.

·        Reforma del sistema fiscal (1845), elaborada por Alejandro Mon y Ramón Santillán. Se estableció un nuevo sistema fiscal basado en impuestos directos e indirectos, más racional, eficaz y moderno, al adaptarlo a las nuevas modalidades de riqueza que puso fin al enrevesado sistema impositivo del Antiguo Régimen.

·        Creación en 1844 de la Guardia Civil, fuerza armada encargada de aplicar ley y orden esencialmente en el medio rural como medida complementaria de la supresión de la Milicia Nacional. También se restringió la libertad de prensa en 1848, la Ley de Poderes excepcionales, autorizo al gobierno a suspender las garantías constitucionales.

·        Ley Electoral de 1846 que configura un verdadero régimen oligárquico. Se estableció un sufragio muy restringido que limito el cuerpo electoral a 97.000 varones mayores de más de 25 años, lo que suponía el 0.8% del total de la población.

·        Concordato de 1851. Acuerdo del gobierno de Bravo Murillo con la santa Sede por el que el Papa reconoció a Isabel II como reina y acepto la perdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio el estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia (dotación de culto y clero) y a entregarla el control de la enseñanza y a encargarla labores de censura, prohibiéndose cualquier otro culto.

El carácter cada vez más autoritario y conservador del gobierno, sumando a los graves problemas económicos, provoco numerosos pronunciamientos y motines que acabaron llevando al poder a los moderados menos extremistas, dirigidos por el general O’Donell, junto a los progresistas en 1854 (pronunciamiento de Vicalvaro), dando paso al llamado “Bienio progresista” en el que se restauraron muchos de los principios del progresismo. Tras otro gobierno de O’Donell al frente de un nuevo partido, la Unión Liberal, los moderados de Narváez regresarían al poder, aunque en medio de un rechazo creciente, incluso entre sus propias filas, por su cada vez mayor autoritarismo, que acabaría provocando el fin del reinado de Isabel II, expulsada del país por una revolución, conocida como la “Gloriosa”, en 1868.

El Problema sucesorio al final del reinado de Fernando VII

El reinado de Fernando VII estuvo marcado desde el inicio por el enfrentamiento entre los liberales, que habían logrado un cambio revolucionario por medio de la Constitución de 1812, y los absolutistas, que se resistían a ese cambio. El propio rey era partidario del absolutismo y solo por la fuerza había admitido la constitución, que derogo en cuanto pudo. Las tensiones entre ambos bandos fueron en aumento a lo largo del reinado, así como la represión  y los episodios violentos (exilios, fusilamientos, golpes de Estado, sublevaciones de paridas guerrilleras, etc.).

A la altura de 1830, también las posiciones en el absolutismo español estaban más divididas que nunca, en torno a la cuestión de la sucesión de Fernando VII, entre reformistas y realistas-carlistas. Estos últimos aspiraban a que el sucesor de Fernando, mientras este no tuviera descendencia, fuese a su hermano Carlos María Isidro, representante del absolutismo más conservador.

[La cuestión de la sucesión del rey era un problema político de fondo, que iba más allá de cuestiones de carácter jurídico. Un descendiente directo del rey, postergaba los derechos a la corono de su hermano y por tanto representaba una esperanza de cambio político para reformistas y liberales.]

En 1830, cuando nadie lo esperaba, el rey tuvo una hija fruto de la unión con María Cristina, Isabel, que garantizaba la continuidad de la dinastía. Sin embargo el hecho de que fuera niña, suscito un debate entre los partidarios de aplicar la Ley Sálica – vigente desde 1712- que impedía el acceso de las mujeres al trono, y los que defendían su abolición. Estos últimos argumentaban que las Cortes de 1789 habían restablecido el Código de las VII Partidas que establecía que “si el rey no tuviera hijo varón, heredaría el reino la hija mayor”. Sin embargo este acuerdo no había sido promulgado por lo que no tenia vigencia. El rey, en último termino, aprobó la Pragmática Sanción en marzo de 1830, que sancionaba la Ley de Cortes de 1789 y por tanto permitió heredar el trono a su hija. Nacida en octubre de 1830). Este conflicto legal escondía otro tipo político mucho más complejo. La aplicación de la Ley Sálica implicaba que el trono fuese ocupado por el príncipe Carlos María Isidro, hermano del rey y máximo representante de absolutismo más conservador e inmovilista. En torno a este personaje se unieron los sectores más perjudicados por la caída del Antiguo Régimen: parte de la nobleza y de la iglesia en su defensa del tradicionalismo católico, campesinos y artesanos temerosos de perder la seguridad que el Antiguo Régimen les proporcionaba, funcionarios y militares ultraconservadores, defensores de los fueros en las regiones que aun los mantenían, etc. Todos ellos integraron el bando llamado carlista.

A pesar de los intentos de los carlistas de influir en la voluntad del rey – ya moribundo – para que derogase la Pragmática Sanción (sucesos de La granja en 1832), a su muerte en 1833, su esposa  María Cristina ocupo la regencia, dad la minoría de edad de Isabel. Inmediatamente,  los carlistas se sublevaron con la intención de expulsar a Isabel del trono y colocar en su lugar a Don Carlos. Asi dio comienzo la Primera Guerra Carlista, una autentica guerra civil en la que se dirimía el modelo de sociedad: la continuidad del Antiguo Régimen o la implantación del liberalismo.

La regente no tuvo más remedio que buscar el apoyo de los sectores próximos al liberalismo para salvar el trono de su hija. El gesto hacia los sectores liberales fue la concesión de una amnistía. El bando cristino, es decir, los partidarios de la regente María Cristina y su hija Isabel, estaba formado por los sectores más moderados del absolutismo, partidarios de realizar algunas reformas administrativas (Cea Bermúdez), los liberales, gran parte del ejercito, los altos funcionarios y la jerarquía de la Iglesia, que veían las reformas liberales como inevitables, las clases medias, la burguesía de los negocios y los intelectuales, entre otros.

Los carlistas lograron importantes triunfos al comienzo de la guerra, pero el fracaso en la conquista de Bilbao y, más tarde, en el asalto a Madrid, fueron mermando su capacidad militar, quedándose poco a poco recluidos en sus bastiones del norte peninsular y del Maestrazgo, hasta que el agotamiento les llevo a iniciar las negociaciones con el ejército gubernamental, mandado por el general Espartero, y firmar la rendición en el llamado Abrazo de Vergara (1839). El carlismo seguiría activo y con fuerte arraigo, sobre todo en el norte, a lo largo de todo el siglo XIX, aunque en ningún caso pudo impedir el triunfo de la revolución liberal.

Legislación social y económica de las Cortes de Cádiz.

Las Cortes de Cádiz se convocaron en el 1810, en plena Guerra de la Independencia, como una respuesta a la necesidad de afrontar los graves problemas que el conflicto bélico suscito y que la Junta Suprema Central no había podido resolver. El hecho de que muchos diputados elegidos no pudieran acudir a Cádiz y fueran remplazados por gaditanos, permitió formar una asamblea dominada por las ideas liberales, de gran arraigo en la ciudad.

La aportación más conocida de estas cortes fue, sin duda, la Constitución de 1812, primera promulgada en España, pero también se aprobó una extensa legislación que completaba el texto constitucional y cuyo objetivo era desmontar el Antiguo Régimen y construir un nuevo Estado liberal. El primer paso fue establecer el principio de la soberanía nacional, de manera que el poder residiera en el conjunto de los ciudadanos representados por los diputados elegidos y no únicamente en el rey, tal y como mantenía hasta entonces el absolutismo.

En el terreno económico y social, las Cortes especialmente a partir de 1813 aprobaron una serie de decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen. Los derechos y libertades públicas y fueros. Desaparecen los conceptos “señor” y “vasallo” y  los privilegios fiscales de la nobleza y el clero con el fin de contribuir por igual al sostenimiento de los gastos del Estado. Por la Ley de Señoríos (1811) se suprimieron los señoríos jurisdiccionales, aunque no los territoriales, que siguieron en poder de sus dueños, pero convertidos ahora en simple propiedad privada. De este modo, los antiguos señores consolidaron la propiedad de las tierras y siguieron cobrando las rentas, porque no se definió claramente que pagos suprimían, mientras que los campesinos continuaron, en su mayoría, sin acceder a esa propiedad y, en muchos casos, vieron incrementadas las rentas que pagaban a los dueños de las tierras. Además los mayorazgos pervivieron no siendo atacada esta figura jurídica hasta la Ley Desvinculadora de 1820. Se aprobó la desamortización y reparto de las tierras comunales y baldíos. El objetivo era favorecer la actividad económica impulsando la compraventa de tierras y, en el caso de la desamortización, obtener fondos con los que reducir la deuda pública y recompensar a los militares retirados.

La ley ganadera suprimía el Concejo de la Mesta y la ley agrícola establecía la desregulación de los precios. Con una intención similar (implantar la libertad económica basada en la propiedad privada y en la búsqueda del beneficio) por la ley de industria se suprimieron las organizaciones gremiales, proclamándose la libertad de trabajo y contratación, y se estableció la unificación de los mercados y la libertad de comercio. Los trabajadores urbanos afectados por estas medidas perdieron las garantías que les otorgaba el modelo del Antiguo Régimen y, a la larga, se sintieron más desprotegidos ante las nuevas condiciones laborales y económicas, que ahora dependían únicamente de la voluntad de los empleadores y de la competencia empresarial.

Fue abundante la legislación religiosa, con el fin de reformar y mejorar el funcionamiento de la Iglesia (mejor reparto de sus rentar, elevar la formación del clero y hacer más eficaz la administración eclesial). Además se precedió a la incautación y venta de los bienes de las Ordenes Militares, de los Jesuitas y de los conventos desaparecidos por la guerra. Otro decreto estableció la abolición de la Inquisición, asunto al que se opusieron firmemente los diputados conservadores y la propia Iglesia. Se decreto también la libertad de imprenta, salvo en temas religiosos que continuaban bajo el control de la Iglesia.