El Bienio Progresista, entre los años 1854 y 1856,
fue el momento en el que los progresistas, por medio de un pronunciamiento
militar (la “vicalvarada”) secundado incluso por algunos moderados (O’donnell),
vuelven al poder tras diez años de gobierno.
En este breve periodo de tiempo llevaron a cabo una
importante labor legislativa de tipo económico dirigida a liberalizar la
economía e impulsar su modernización, así como a solucionar los graves
problemas financieros del Estado derivados de la deuda pública.
En primer lugar, se decreto una nueva desamortización,
conocida como Ley General de
Desamortización, obra de Pascual Madoz. Esta segunda desamortización (la
anterior la realizo Mendizábal en 1836) afecto principalmente a los bienes de
los ayuntamientos, llamados propios y comunes, y del Estado, y en menor medida
a bienes de la Iglesia. El objetivo fue sanear la Hacienda, reduciendo la deuda
pública, y recaudar fondos para desarrollar la red ferroviaria. Fomento la
acumulación de la propiedad en manos de los grandes inversores y terratenientes
y supuso un importante revés para los campesinos más pobres, que perdieron los
bienes comunales de los que dependía una parte de su subsistencia. Aumento la
producción, pero no modifico la estructura de la propiedad.
El lento desarrollo ferrocarril, que era un
elemento clave para el avance económico del país, se intento agilizar el
tendido ferroviario por medio de la Ley
General de Ferrocarriles (1855). Se fijaron unas condiciones muy favorables
para atraer inversiones: exenciones fiscales, avales del Estado para garantizar
las inversiones, importación de material sin pagar aranceles, etc. El resultado
fue un aumento espectacular en los años siguientes de los kilómetros de
ferrocarril (se paso de 200 a 5000), pero, por el contrario, no sirvió para el
desarrollo de la industria nacional, especialmente la siderurgia, porque casi
todo el material se importo. Los inversores, tanto españoles como extranjeros,
ganaron importantes sumas especulando en bolsa con las acciones de las
compañías ferroviarias, muchas de las cuales entraron rápidamente en quiebra
cuando la explotación de las líneas no dio los rendimientos esperados. Además
se crea una red radial que no consolida un mercado nacional uniendo los centros
productores con centros de consumo.
Las grandes inversiones requeridas, tanto para el
ferrocarril como para la industrialización, precisaban de un sistema bancario
que aportara créditos para financiarlas y de empresas por acciones (sociedades
anónimas) capaces de acometer grandes proyectos empresariales. Con el fin de
crear un marco adecuado para el desarrollo del sector financiero, las Cortes
del Bienio aprobaron una Ley de
Sociedades Bancarias y Crediticias que permitió la creación de un marco
financiero moderno. Surgieron bancos industriales, comerciales, de emisión de
moneda (creación del Banco de España, antigua Banco de San Fernando) y
sociedades bancarias y crediticias de todo tipo, muchas de ellas con capital
extranjero, especialmente francés.
La legislación
se completo con otras leyes que liberalizaron el sector de la minería,
fomentaron el tendido de líneas de telégrafo, la construcción de carreteras o
la reforestación.
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