La década moderada del reinado de Isabel II (1844-1854)

Isabel II reino desde 1833 hasta 1868. A lo largo de estos años, de gran complejidad política, tuvo lugar una profunda transformación de la sociedad española gracias al asentamiento del liberalismo como sistema político y económico.

El comienzo de su reinado estuvo marcado por el conflicto sucesorio y la 1ª Guerra Carlista. Esto supuso que la regente Mª Cristina se apoyase en los liberales, los cuales se dividían en dos tendencias: progresistas y moderados. Entre 1833 y 1843 se sucedieron gobiernos moderados como los de Martínez de la Rosa que promovió el Estatuto Real en 1834 y progresistas como los de Mendizábal que impulsaron la desamortización eclesiástica y la Constitución de 1837. Esta recogía los principios básicos del liberalismo progresista (soberanía nacional, extensa declaración de derechos, división de poderes, libertad de cultos, etc.) pero también con concesiones a los moderados (bicameralismo, amplios poderes de la corona, financiación del culto católico, etc.).

El fracaso de la Regencia de Espartero en 1843 provoco el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II y la preferencia de esta desde un primer momento por  los moderados, dejando fuera del juego político al partido progresista –en función de las prerrogativas que la Constitución de 1837 otorgaba a la Corona en la formación de gobiernos-. Se abría un largo periodo de predominio moderado, de diez años, denominada la “Década moderada” durante el cual se consolido el modelo liberal. Los progresistas optaron o por el retraimiento, negándose a participar en unas consultas electorales claramente amañadas, o por la preparación de pronunciamientos apoyados por insurrecciones populares.

El general Narváez como presidente de la algunos de los más importantes gobiernos de esta etapa (especialmente el llamado “Gobierno largo” entre 1847-1851) y aglutinante de todos los sectores del  moderantismo fue el protagonista indiscutible en estos años que se van a caracterizar por hacer prevalecer la estabilidad y el orden por encima de la libertad y las garantías constitucionales.

El ideario político moderado, basado en el liberalismo doctrinario, quedó plasmado en una nueva constitución, la de 1845, la cual estuvo vigente hasta 1869. En ella se reconocía la soberanía compartida entre las Corona y las Cortes. Deseando hacer compatible autoridad y libertad, daba preeminencia a la Corona en el proceso político, no solo como poder ejecutivo sino también en el poder legislativo. Así, en las  Cortes, que eran bicamerales, el Senado era designación real y tenia funciones judiciales. El Congreso era elegido por sufragio censitario muy restrictivo que limitaba a solo el 1% de la población la posibilidad de votar; el carácter confesional del Estado, que se comprometía además a mantener el culto y al clero. En esta constitución se establecía una organización administrativa centralizada, en la que ayuntamientos y diputaciones eran controlados por el gobierno, que nombraba a los alcaldes. Aunque se reconocían formalmente derechos individuales, estos quedaron luego muy limitados por las leyes posteriores que los desarrollaron, especialmente la libertad de expresión. Además suprimía la Milicia Nacional.

Los moderados introdujeron cambios sustanciales en la administración, completando y desarrollando la legislación constitucional. Las principales medidas tomadas fueron:

·        Reorganización y centralización administrativa con la Ley de Ayuntamientos (1845) que dejaba al gobierno la capacidad de elección de gobernadores para las diputaciones y alcaldes para los municipios; uniformización de los planes de estudio con la Ley Pidal (1845) y la regulación de la función pública con la Ley de Funcionarios (1852).

·        Uniformidad jurídica, con la publicación de un Código penal (1848) y el Código Civil (1851), que abolirían todos los fueros, leyes y usos anteriores.

·        Reforma del sistema fiscal (1845), elaborada por Alejandro Mon y Ramón Santillán. Se estableció un nuevo sistema fiscal basado en impuestos directos e indirectos, más racional, eficaz y moderno, al adaptarlo a las nuevas modalidades de riqueza que puso fin al enrevesado sistema impositivo del Antiguo Régimen.

·        Creación en 1844 de la Guardia Civil, fuerza armada encargada de aplicar ley y orden esencialmente en el medio rural como medida complementaria de la supresión de la Milicia Nacional. También se restringió la libertad de prensa en 1848, la Ley de Poderes excepcionales, autorizo al gobierno a suspender las garantías constitucionales.

·        Ley Electoral de 1846 que configura un verdadero régimen oligárquico. Se estableció un sufragio muy restringido que limito el cuerpo electoral a 97.000 varones mayores de más de 25 años, lo que suponía el 0.8% del total de la población.

·        Concordato de 1851. Acuerdo del gobierno de Bravo Murillo con la santa Sede por el que el Papa reconoció a Isabel II como reina y acepto la perdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio el estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia (dotación de culto y clero) y a entregarla el control de la enseñanza y a encargarla labores de censura, prohibiéndose cualquier otro culto.

El carácter cada vez más autoritario y conservador del gobierno, sumando a los graves problemas económicos, provoco numerosos pronunciamientos y motines que acabaron llevando al poder a los moderados menos extremistas, dirigidos por el general O’Donell, junto a los progresistas en 1854 (pronunciamiento de Vicalvaro), dando paso al llamado “Bienio progresista” en el que se restauraron muchos de los principios del progresismo. Tras otro gobierno de O’Donell al frente de un nuevo partido, la Unión Liberal, los moderados de Narváez regresarían al poder, aunque en medio de un rechazo creciente, incluso entre sus propias filas, por su cada vez mayor autoritarismo, que acabaría provocando el fin del reinado de Isabel II, expulsada del país por una revolución, conocida como la “Gloriosa”, en 1868.