Felipe V se planteo el objetivo e
reformar la administración española siguiendo el modelo de su país,
caracterizado por la centralización. Este propósito requería eliminar las
instituciones y leyes de cada uno de los territorios de la corona española. Los
decretos de nueva planta se promulgaron es especial para los antiguos reinos de
la corona de Aragón, derrotados en la guerra de sucesión. Estos decretos
supusieron la eliminación de las fronteras interiores, la imposición del
castellano como lengua oficial, la extensión de las leyes de Castilla a todo el
territorio, la desaparición del consejo de Aragón y la aplicación de un sistema
de impuestos de carácter general. Las cortes de cada reino fueron suprimidas,
pasando las de Castilla a ser las Cortes de España, aunque desprovista de
capacidad política.
La voluntad reformadora de los ministros
de Felipe V se prolongo en la reorganización de la Administración del Estado,
guiada por el principio de centralización y uniformidad. El gobierno central
quedo en manos de cinco secretarios de Despacho que dependían directamente del
rey y gozaban de una gran autonomía y autoridad. La administración se configuro
en provincias gobernadas por un capitán general y un intendente que dirigía los
asuntos civiles y económicos y mantenía informado al gobierno de la situación
de su provincia. La justicia estaba en manos de las audiencias. La hacienda
sufrió importantes cambios buscando sanear las cuentas del estado por medio de
un nuevo sistema de impuestos que consistía en establecer un pago fijo en cada
territorio que se repartía proporcionalmente entre sus habitantes. El sistema
dio muy buenos resultados cuando se probó en el “catastro” de Cataluña y en la
“ensenada” de Castilla, sin embargo no se puedo extender por todo el territorio
por discrepancias con los privilegiados.
Los Borbones pusieron mucho empeño en
recuperar la marina de guerra y reformar el ejército con el fin de
modernizarlo. Se crea un ejército permanente dividido en regimientos, los grados de oficiales y los
jefes.
Política de promoción del comercio y la
industria, políticas mercantilistas que prohibían importar productos textiles y
exportar granos (Reales Fabricas), fomentando la libre circulación de productos
o impulsando compañías comerciales para aumentar el comercio colonial.
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